Según el abogado Juan José Sánchez Colilla esta sentencia da por válidos los mecanismos de cooperación entre Comunidades Autónomas llegado el caso, por ejemplo, de explotar entre ellas una red de Bingo Electrónico.

Fuente: SECTORDELJUEGO.COM

Esta cantidad surge como resultado de la entrada en vigor de la ley estatal del Juego a finales de mayo de 2011 por lo que las empresas que la han satisfecho lo hicieron desde la aprobación de los modelos fiscales para verificar su ingreso a finales del mes de junio de 2011. Es decir, las empresas que han abonado estas cantidades formalizaron las mismas en los balances trimestrales de julio, octubre y enero pasados.

El Consejo Superior de Gestión Tributaria, entidad que vincula a los reguladores de Tributos de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y a la Administración General del Estado, acordó a comienzos de este año que la cantidad resultante se distribuiría en función del Padrón de 2011 a las Comunidades Autónomas a partir del 20 de abril de 2012. Sin embargo, a fecha de hoy las Comunidades Autónomas desconocían el procedimiento para el cobro de estas cantidades, así como cuándo percibirían el pertinente reparto de esos 68’80 millones de euros.

Fuente: JOCPRIVAT.BLOGSPOT.COM.ES

–División de poderes. Ocurrió algo curioso que subraya el catedrático de Historia Contemporánea y académico Miguel Artola: “Una cosa fue lo que se quiso hacer y se hizo y otra lo que se podía decir porque se corría el riesgo de perder votos”. La Constitución fue más lejos que los discursos en varios aspectos. La separación de poderes, que garantizaba los derechos ciudadanos, fue una de ellas. “Hay una asamblea representativa y electiva que hace las leyes y limita el veto del Rey como algo temporal y anulable por las Cortes; se establece un poder ejecutivo que reside en el Rey pero que concede la última decisión a los ministros del ramo y se limita el poder judicial a entender exclusivamente de materias jurisdiccionales, se les excluye de la participación política, a diferencia de lo que ocurría con el Consejo de Castilla”.

–Nace la ciudadanía. Para Antonio Álvarez, comisario de la exposición En-clave de historia. El legado de Cádiz a la memoria histórica de España, que se puede visitar en la ciudad andaluza hasta el 30 de mayo, hay un hecho fundamental: “El individuo deja de ser súbdito y patrimonio de un rey para convertirse en ciudadano. Aunque luego haya periodos de marcha atrás, es un cambio fundamental”.

–Enseñanza pública. Se plantea que la educación básica es una obligación del Estado. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante Emilio la Parra considera que se trata de un paso hacia la secularización. “En el título IX de la Constitución, aunque se manda que en la escuela se enseñe el catecismo, también se dice que se deben enseñar las obligaciones civiles, que viene a ser algo así como Educación para la Ciudadanía”, explica este catedrático.

–Libertad de expresión e imprenta. “Los diputados doceañistas entendieron que era un derecho fundamental la difusión de ideas, no solo la expresión”, destaca el comisario Antonio Álvarez. Uno de sus efectos visibles fue la aparición de cabeceras políticas. “La prensa periódica no nace ahora, pero sí la que ofrece noticias y comentarios políticos, la que realmente puede ser considerada antecedente de la actual”, precisa el historiador La Parra.

–Abolición de la tortura. En el artículo 303 se prohibía expresamente el uso “del tormento ni del apremio” con los detenidos.

–Diputaciones Provinciales. El catedrático Artola explica que se enraízan en “el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes, en contradicción con una tradición monárquica peninsular que hacía que hubiese territorios con fiscalidades distintas”. Se suprimen “unidades territoriales existentes” y en cada provincia se crea una Diputación Provincial. “Se trata de crear un sistema uniformizado en todo el territorio nacional”, añade el historiador.

–Libertad de trabajo y de industria. Emilio la Parra destaca el finiquito de la ordenación gremial: “Se abre la actividad económica a todos, sin más restricciones que su capacidad”.

–Loterías del Estado. “La denominada Lotería Moderna o Nacional (moderna para distinguirla de una existente desde mediados del siglo XVIII), se creó a propuesta del ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal, como un medio de recaudar fondos para el erario público”, indica el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, Alberto Ramos. El primer sorteo se celebró el 4 de marzo de 1812, tres meses después de ser aprobado por las Cortes.

–Fiscalidad para todos. La Constitución establece en su artículo 339 que “las contribuciones (impuestos sobre bienes rústicos o urbanos) se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”.

–Tertulia política. “Las tertulias ya existían a finales del XVIII en Madrid y otras ciudades, como Cádiz, pero la política no se trataba abiertamente. Eran más sobre temas de arte, ciencias y literatura. En esa época se popularizan en cafés, tabernas y casas particulares”, señala Marieta Campos, profesora de Literatura Española en la Universidad de Cádiz.  

FUENTE: ELPAIS.COM

Hasta ahora estaban abiertos ocho establecimientos que funcionaban en hoteles cinco estrellas, a los que el Gobierno dio seis meses para liquidar sus operaciones. Otros 24 casinos habían ido cerrando paulatinamente, después de que el 7 de mayo de 2011 los ecuatorianos apoyaran en referendo la prohibición de los juegos de azar, una propuesta del presidente Rafael Correa.

En contra de esta medida se ha manifestado Jorge Castro, vicepresidente de la Asociación de Casinos y Bingos (Ascabi), al afirmar que 3.200 personas se quedan sin trabajo.

Para Correa, en cambio, era importante clausurar las salas de juego porque deterioran moralmente a la sociedad, generan deudas ilegales, evaden impuestos y son usadas para lavar dinero. El mandatario ha apostado por esta medida, aunque el Estado dejará de ingresar en impuestos entre 13 y 15 millones de dólares (oficialmente, el 30% de los ingresos totales de los casinos).

Los casinos intentaron sin éxito obtener una prórroga al cierre, aduciendo que requerían más tiempo para liquidar a los empleados y explorar alternativas de negocio que les permitieran salvaguardar inversiones por unos 180 millones de dólares.

“Se les dio un plazo que vence este viernes. El sábado deben estar cerrados y pasan a ser una actividad ilegal”, indicó a periodistas el asesor del ministerio de Turismo, Roberto Hidalgo, quien anunció controles desde el fin de semana.

Mediante el plebiscito, Correa también logró prohibir la muerte del toro en la arena en plazas como Quito -sede de una prestigiosa feria- y aval para reformar la Justicia y regular a la prensa.  

La cautela del Gobierno presidido por Mariano Rajoy se entiende ante las duras exigencias de los norteamericanos, de ahí que quieran negociar punto por punto. Algo a lo que la firma de Adelson está abierta. El Ejecutivo no está dispuesto, por ejemplo, a aumentar exenciones fiscales pero sí a reducir tipos.

El Ministerio de Industria, al que pertenece García Legaz, ha distribuido las peticiones entre el resto de departamentos y les ha pedido que las estudien, así como que elaboren posibles alternativas que sirvan para incentivar la decisión de que la inversión se quede en Catalunya o en Madrid. El trabajo se está realizando con relativa premura, pues la compañía de Adelson tiene previsto tomar su decisión antes del verano.

Aunque muchas de las peticiones parecen complicadas de asumir, como la de cambiar la legislación de extranjería (tanto para facilitar el trabajo de sus directivos como para agilizar los visados de turistas ajenos al área Schengen) o la condonación de cuotas de la Seguridad Social por dos años y la mitad en los tres siguientes, estas fuentes restaron trascendencia a su alcance y explicaron que lo que está reclamando la empresa norteamericana son todas las facilidades posibles.

Por eso, más importante que las peticiones concretas es que el Gobierno realice gestos claros de que está dispuesto a hacer alguna concesión y, sobre todo, a impulsar el proyecto sea cual sea la opinión del resto de administraciones implicadas. En este sentido, los inversores priorizan sobre el resto de materias que todos los aspectos administrativos o vinculados a las licencias no supongan un freno a la construcción del proyecto, lo que depende de la Administración central y también, parcialmente, de la autonómica.

La Generalitat trabaja a toda máquina. Las reuniones con los representantes de Las Vegas Sands Corporation son continuas. Equipos de los departamentos de Presidència, Economia y Territori trabajan conjuntamente en las negociaciones. Cada semana hay reuniones con representantes de la sociedad. “Piden mucha información”, explican fuentes conocedoras de estas reuniones. “Por ahora las cosas van bien”, afirman.

De hecho, desde el mes de julio del año pasado los contactos son habituales. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha reunido al menos tres veces con Sheldon Adelson en persona a pesar de que sólo ha trascendido una de las reuniones, la que se celebró el 21 de febrero en el Palau de la Generalitat.

Mas ha dado continuidad en estas reuniones a las conversaciones entre la firma y el gobierno de José Montilla que quedaron aparcadas cuando LVSC paró su proyecto de expansión en Europa debido a la crisis financiera. De hecho, el propio Adelson ya había viajado a Barcelona en una ocasión, en octubre del 2008. El expediente de aquellas conversaciones formó parte de la documentación que el anterior conseller Antoni Castells trasladó al nuevo titular del Departament d’Economia, Andreu Mas-Colell, que en otoño viajó a Las Vegas junto al secretario de Territori i Mobilitat, Damià Calvet.

Recuperadas tres años después, ahora las conversaciones en Catalunya se desarrollan estrictamente con representantes del Govern de la Generalitat. Ninguno de los alcaldes concernidos por el proyecto, es decir, los de Gavà, Viladecans, Sant Boi y El Prat (se han sopesado otros municipios aledaños, pero han quedado descartados) tienen una vía directa con la compañía. Los propios municipios admiten que han recibido “alguna” información del Govern, incluido el alcalde de Barcelona y presidente del área metropolitana, Xavier Trias.

La Generalitat está en condiciones legales de convertir este proyecto en una ley en la que se regulen las condiciones administrativas, urbanísticas, financieras y fiscales a imagen y semejanza de la que se hizo para Port Aventura. Pero parece difícil imaginar que pueda desarrollarse el plan al margen de los ayuntamientos o en contra de su opinión.

Los beneficios fiscales para los municipios serían relevantes. El Ayuntamiento de Madrid realizó una estimación de los ingresos que podría reportarle la construcción del complejo en los terrenos de Valdecarros (zona sur de la ciudad) y sólo el impuesto de construcciones -sobre una inversión de 8.000 millones de euros- estimaba que generaría 328 millones. Una vez desplegado todo el proyecto (sobre una superficie edificada de algo más de 600 hectáreas), calculó que los ingresos por IBI e IAE podrían devengar anualmente unos 56 millones.

La estrategia de la compañía consiste en obtener terrenos para implantar su negocio pero adquiere los de los alrededores para garantizarse el control del entorno y beneficiarse del incremento del precio que generará su propia implantación. Las estimaciones de Madrid se quedarían cortas si se tiene en cuenta esa hipotética expansión.

Sin embargo, está por ver si las negociaciones sobre bonificaciones fiscales que la compañía ha demandado a las administraciones podrían también afectar a los municipios porque entonces estas previsiones se vendrían abajo. Por ahora los alcaldes -incluso aquellos que se han pronunciado abiertamente en contra y que también han recibido información- se mantienen a la espera.

Entre tanto, el sábado por la mañana una plataforma de vecinos de Madrid se manifestó contra el proyecto. Las agencias internacionales informaron de la marcha.

FUENTE: LAVANGUARDIA.COM

En este sentido, la Comisión subraya los retos que aún presentan el juego y las apuestas online y la necesidad de colaborar entre los distintos estados para que a pesar de las diferentes regulaciones existentes se pueda mantener un cierto nivel de seguridad y protección.

Así, el próximo comunicado sobre juego online que debe emitir la Comisión está previsto que adopte carácter de plan de acción y se centre en la cooperación entre las distintas administraciones, la protección del consumidor y la creación de un mercado legal de juego online.

Fuente: YOGONET.COM